En lo que va del año, varios agentes fueron denunciados y detenidos por hechos que van desde el robo y la apropiación indebida hasta la extorsión, demostrando profundas fisuras dentro de la institución encargada de garantizar el orden.
Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en la Comisaría 15.ª de Barcequillo, San Lorenzo. El suboficial ayudante Cristhian Martín Gómez Núñez, de 21 años, denunció a su propio camarada, el oficial inspector Bruno Robert Didier Babañoli Sánchez, de 35 años, por el supuesto hecho de apropiación de G. 53.500.000 y lesión de confianza.
Según la denuncia, Gómez había retirado G. 64.500.000 de un préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF) y entregó parte del dinero a Babañoli para que lo resguardara en su vehículo mientras cumplía con su servicio. El oficial nunca devolvió el dinero y, tras fugarse, se entregó días después ofreciendo como compensación G. 20 millones y un vehículo Toyota Vitz. Aunque el caso está siendo investigado, para muchos este hecho simboliza la fragilidad de los vínculos dentro de una fuerza que debería actuar con integridad.
Armas desaparecidas y policías como vendedores ilegales
En otro caso que sacudió a la institución, un suboficial de una comisaría del departamento de San Pedro fue capturado por el robo de armas que estaban bajo resguardo en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. El escándalo se conoció cuando el Ministerio Público solicitó una de las nueve armas desaparecidas y esta no fue encontrada.
Las investigaciones apuntan a que el mismo agente estaba ofreciendo una de las armas a potenciales compradores.
Uniformados que roban motos y extorsionan trabajadores
La desconfianza también se acrecentó en Mariano Roque Alonso, donde dos policías de la Comisaría 10.ª fueron detenidos por robar una motocicleta estacionada en la vía pública. El robo, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió durante una patrulla. Lejos de actuar contra el delito, los agentes decidieron convertirse en autores del mismo.
Por otro lado, también en Mariano Roque Alonso, dos agentes del Grupo Lince fueron detenidos por supuesta extorsión. La denuncia señala que exigieron G. 6 millones a un comerciante ambulante para permitirle trabajar sin ser hostigado. El procedimiento se realizó en la base del grupo táctico, en un operativo encabezado por la Fiscalía.
“El problema no son los casos aislados, sino la repetición”
Para comprender las implicancias sociales de estos casos, consultamos con el sociólogo Carlos Torres Gamarra. Para él, el fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más evidente y preocupante.
“Lo más alarmante no es que existan casos aislados de corrupción en las fuerzas del orden, sino que cada vez son más recurrentes y en todos los niveles jerárquicos. Esto genera una erosión profunda de la confianza social y deja a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad total”, explicó.
Torres Gamarra también advierte sobre el impacto que estos hechos tienen en el tejido social:
“Cuando un policía comete un crimen, no lo hace solo como individuo, sino como representante de una institución que debería protegernos. Eso tiene un peso simbólico enorme. La gente empieza a ver a todos los uniformados con recelo, lo cual también afecta a los agentes honestos”.
Fallas estructurales y falta de control
El experto insiste en que los casos que hoy salen a la luz son apenas la punta del iceberg, y que el problema de fondo es estructural.
“Faltan controles internos serios. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la Policía son débiles o inexistentes. La corrupción muchas veces es tolerada o silenciada, lo cual permite su reproducción”.
Según Torres, una de las claves para revertir esta situación es fortalecer la supervisión civil y la formación ética de los agentes desde su ingreso:
“No se trata solo de enseñar tácticas o leyes, sino de formar ciudadanos con uniforme. La ética debe ser un pilar desde el primer día en la academia”.