“Quieren destituir a Kattya González porque a Honor Colorado le molesta su voz disidente”, aseguran sus seguidores, subrayando que la destitución es un intento de silenciar a una de las voces críticas más prominentes en el Senado.
La situación se complicó aún más cuando la Cámara Alta solicitó un “control constitucional” de la resolución 429, que reglamenta la pérdida de investidura de los parlamentarios. Según González, este nuevo argumento presentado por el Senado es un “distractor y un mensaje político de presión” hacia la Corte Suprema de Justicia.
La resolución 429 fue aprobada en diciembre de 2023 por la mayoría colorada y sus aliados, estableciendo que se requiere una mayoría absoluta de dos tercios para destituir a un parlamentario. Sin embargo, la expulsión de González se llevó a cabo mediante la resolución 431, que ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad presentada por la ex senadora.
Recientemente, el Senado devolvió a la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad presentada por González contra la resolución 431, añadiendo el análisis de la constitucionalidad de la resolución 429 como un nuevo argumento. Para González, esta “nueva jugada” del cartismo es un intento de desviar la atención y ejercer presión política sobre la Corte, sin un verdadero impacto jurídico.
“Es básicamente un mensaje político de presión a la Corte, no necesariamente de impacto jurídico”, señaló González. La ex senadora continúa luchando contra lo que ella describe como una campaña para acallar su disidencia y advierte que esta táctica podría sentar un peligroso precedente para la democracia paraguaya.
El caso de Kattya González sigue siendo un tema de intenso debate y su desenlace podría tener implicaciones significativas para el futuro de la política en Paraguay. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene la tarea de analizar y decidir sobre la constitucionalidad de las resoluciones en cuestión, bajo la atenta mirada de una ciudadanía expectante.