27 dic. 2024

¿Podrán las tobilleras electrónicas mejorar la seguridad? Detalles de su implementación

Este fin de mes, pondrá en marcha la implementación de tobilleras electrónicas. Inicialmente, se distribuirán 20 dispositivos que serán monitoreados por el Sistema 911, aunque originalmente se planeaba lanzar 100 tobilleras en noviembre o diciembre.

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Estas tobilleras electrónicas cuentan con tecnología, incluyendo un cabo de acero resistente a cortes y una fibra óptica que detecta cualquier manipulación. Además, son resistentes al polvo y el agua, y tienen una batería que dura 48 horas, con una carga de solo dos horas que es responsabilidad del portador.

Protección para las víctimas

Las víctimas recibirán un celular con una aplicación conectada a la tobillera, que emitirá una alarma cada vez que el agresor vulnere la restricción. De esta manera, las víctimas podrán sentirse más seguras y protegidas.

Monitoreo y control

El Sistema 911, a través de su división SIMDEC, controlará y vigilará estos dispositivos, estableciendo perímetros digitales y permitiendo comunicación directa con el usuario para advertir sobre violaciones de medidas judiciales. Esto permitirá una respuesta rápida y efectiva en caso de emergencia.

Según el director del Sistema 911 de la Policía Nacional, Hernán Escobar, la efectividad de estas tobilleras es “muy alta”, y destacan que ya se utilizan en 46 estados de Estados Unidos.

¿Qué ocurre si el dispositivo queda sin batería y el portador no lo recarga?

El monitoreo muestra en un mapa cada dispositivo. Todos están señalizados con una luz verde. Cuando la batería está por la mitad o a un nivel inferior, la luz cambia a naranja y el controlador se comunica con el procesado para indicarle que debe cargar la batería.

Si pese a la advertencia, el portador se niega a cargar, desde el 911 pueden enviar a un Lince o a una patrullera que le llevará un atento mensaje de que debe conectarse o será notificado el caso al juez, si la persona comienza a cargar, la luz volverá al color verde.

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Objetivos y desafíos

Aunque su implementación se demoró, el objetivo es claro: proteger las vidas de las víctimas de violencia y descongestionar las cárceles del país. Sin embargo, los beneficiados deberán pagar más de G. 2 millones mensuales por el servicio. Esto plantea desafíos en términos de accesibilidad y equidad, que deberán ser abordados en el futuro.