Según las cifras, el número de casos crece mes a mes, y la tendencia sigue en aumento. Lo más alarmante es que el 99% de las solicitudes provienen de madres que crían a sus hijos solas, muchas veces sin ningún tipo de apoyo del otro progenitor.
Rodríguez lamenta que “se deba llegar a una acción judicial para que un padre o madre se haga cargo de sus obligaciones”. Esto refleja una profunda crisis social, donde la falta de responsabilidad y compromiso en la crianza de los hijos obliga a las madres a recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento de derechos básicos como la alimentación y el sustento económico.
La determinación del monto de la pensión alimentaria
Uno de los aspectos más discutidos en este tipo de juicios es la cantidad que debe pagar un padre o madre en concepto de prestación alimentaria. La jueza explicó que no existe un monto o porcentaje establecido por ley. En Paraguay, el cálculo de la pensión alimentaria queda a discreción del juez, quien decide el monto en función de varios factores, entre ellos, los ingresos del progenitor y las necesidades del niño.
Aunque en el pasado se utilizaba como referencia una jurisprudencia que indicaba que el 25% de los ingresos del progenitor podía ser un monto adecuado, en la actualidad cada caso es evaluado individualmente. Los jueces consideran aspectos como el número de hijos, las necesidades específicas del menor, y la capacidad económica de quien debe pagar la pensión. En algunos casos, el monto puede ser mayor o menor dependiendo de estos factores.
Para facilitar los procesos legales y evitar que la falta de pruebas sea un impedimento, desde 2022 se ha implementado un avance significativo: las pruebas de paternidad son gratuitas en todo el país, y ya no solo en la capital. Esto permite que muchas madres que antes no podían costear el costo de estas pruebas puedan acceder a la justicia, garantizando los derechos de sus hijos.
Nuevas medidas de castigo social para los padres morosos
Con el fin de presionar a los padres y madres que incumplen con el pago de la pensión alimentaria, a partir del 11 de abril se implementaron nuevas restricciones. Uno de los cambios más importantes es que los deudores no podrán tramitar ni renovar su licencia de conducir. Esta medida, que será aplicada en todos los municipios del país, busca ser una herramienta de presión efectiva, ya que muchas personas dependen de sus licencias para trabajar o movilizarse. Al impedir el acceso a este documento, se espera que los morosos tomen conciencia y regularicen su situación.
Pero la estrategia de presión social no termina ahí. En un paso aún más drástico, la jueza Rodríguez detalló que aquellos padres o madres que quieran contraer matrimonio y se encuentren en falta con el pago de la pensión alimentaria también enfrentarán una situación incómoda. Según lo establecido, durante la ceremonia de boda, el oficial del Registro Civil deberá anunciar públicamente el monto de la deuda que el novio o la novia tiene con sus hijos. Esta disposición busca visibilizar el incumplimiento y generar conciencia, no solo entre los deudores, sino también en la sociedad.
Un problema creciente y de difícil solución
El aumento de los casos de padres morosos en Paraguay pone en evidencia la necesidad de generar un cambio profundo en la cultura de responsabilidad parental. Para la jueza Rodríguez, la situación es alarmante y requiere acciones más contundentes no solo desde la justicia, sino también desde el ámbito social.
“Es inaceptable que tantas madres estén cargando solas con el peso de la crianza, cuando la responsabilidad debe ser compartida por ambos progenitores”, sentenció Rodríguez. También hizo un llamado a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de que tanto el padre como la madre asuman su rol y contribuyan al bienestar emocional y económico de sus hijos.
Las nuevas medidas implementadas por la justicia son un intento de revertir esta tendencia, pero queda por ver si tendrán el impacto esperado. Mientras tanto, miles de madres continúan luchando para que sus hijos reciban el apoyo necesario, y la justicia sigue atendiendo un número creciente de demandas que muestran la magnitud del problema.