Según el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, el artículo 191 de la Constitución Nacional regula los fueros y establece que una persona electa no debe ser impedida en su labor por acciones externas, garantizando así una inmunidad casi absoluta. “Lo que busca es que una persona desde el día de su elección no pueda ser impedida de realizar la función para la cual fue electa por el pueblo”, explicó Duarte, subrayando que esta protección asegura que los legisladores no sean “molestados”.
En el reciente caso del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció durante un allanamiento en su hogar, surge el debate sobre cómo deben proceder las autoridades en estas situaciones. Duarte aclaró que “no existe ningún impedimento” para realizar un allanamiento en la residencia de un legislador, siempre y cuando se cumplan con los mandatos judiciales establecidos por el Código Procesal Penal. Esto implica que deben existir evidencias claras y el allanamiento debe ser la única vía posible para obtenerlas. Además, debe haber un peligro en la demora que justifique la urgencia de la acción.
En cuanto al procedimiento para levantar los fueros de un parlamentario, Duarte explicó que este se inicia cuando un fiscal presenta una solicitud de procesamiento ante un juez, quien luego comunica el pedido a la cámara respectiva. Los legisladores votan entonces si se desafuera o no al miembro involucrado. “Por mayoría se decide o no sobre el desafuero de una persona”, detalló.
Sin embargo, existen excepciones a esta inmunidad parlamentaria. En caso de que un legislador sea sorprendido en flagrante delito, la justicia puede proceder a su aprehensión inmediata. “La persona es puesta en resguardo en su domicilio y se comunica al poder judicial para iniciar el proceso de desafuero”, concluyó Duarte, resaltando que esta es la única excepción a la regla general de protección de los fueros.
El caso del diputado Gomes ha puesto en el centro del debate los límites de los fueros parlamentarios y la necesidad de revisar cómo se aplican estos mecanismos para asegurar que no se conviertan en un obstáculo para la justicia.