Este nuevo marco legal establece una pensión mensual destinada a quienes sufren las consecuencias indirectas de este tipo de crímenes, buscando garantizarles una vida más digna y apoyo integral.
El beneficio está dirigido a menores de edad y personas con discapacidad afectadas por feminicidios u homicidios en un contexto de violencia intrafamiliar. La ayuda será administrada por quien tenga la tutela legal del beneficiario, como tutores, guardadores, curadores o adoptantes. No obstante, quienes tengan ingresos superiores a cinco salarios mínimos quedarán excluidos.
El monto mensual será de 15 jornales mínimos, equivalentes a G. 1.545.000, ajustable conforme a la legislación vigente. En caso de que una madre fallecida deje varios hijos huérfanos, cada uno recibirá el monto establecido.
Apoyo integral más allá de lo económico
Además del subsidio, el Estado brindará servicios de atención profesional, incluyendo asistencia psicológica, atención médica y soporte social. Para ello, se trabajará de forma coordinada con instituciones como la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), el Ministerio de Salud y otros organismos vinculados a la protección social.
“El objetivo es implementar un programa integral que no solo cubra las necesidades económicas, sino que también garantice la recuperación emocional y física de los beneficiarios”, señalaron desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), encargado de aplicar la normativa.
Requisitos y proceso de reglamentación
Para acceder al beneficio, es necesario que el responsable legal pase por un riguroso filtro judicial que garantice su idoneidad. Esto incluye no contar con antecedentes penales o policiales. Actualmente, el Minna y el Ministerio de Economía trabajan en la reglamentación para asegurar un presupuesto adecuado y definir los mecanismos operativos.
El pago de la pensión se gestionará, probablemente, a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), replicando el esquema utilizado en otros programas sociales.
Plazos y consultas
La ley establece un periodo de 90 días para su reglamentación, pero las autoridades buscan acelerar el proceso. Se habilitará próximamente una línea de contacto para consultas relacionadas con el beneficio.
Un avance en la protección de los más vulnerables
Esta iniciativa busca garantizar un futuro más seguro para los niños y adolescentes que perdieron a sus madres en circunstancias violentas. “La prioridad es que esta ley esté operativa lo antes posible, porque cada día que pasa sin su implementación afecta a las víctimas colaterales que dependen de este apoyo”, enfatizó el viceministro de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.