El proyecto, anunciado recientemente por el senador José Oviedo, plantea modificaciones al Código del Trabajo con el objetivo de aumentar la productividad y ofrecer a los trabajadores más tiempo para el ocio.
Sin embargo, desde el Gobierno, esta iniciativa es observada con cautela. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, señaló que si bien el debate es necesario y puede resultar constructivo, la implementación de un cambio de esta magnitud requiere un análisis profundo y ajustado a la realidad del mercado laboral local.
Recalde advirtió que cualquier medida de este tipo debe considerar su impacto en tres aspectos clave: la productividad, el crecimiento económico y las garantías laborales. Si alguno de estos pilares se ve afectado negativamente, sería difícil justificar la viabilidad de la propuesta.
La postura oficial enfatiza que este tipo de reformas deben ser el resultado de un consenso amplio, incluyendo la participación activa de empleadores, trabajadores y el Estado. Solo mediante un análisis integral y colaborativo se podrá determinar si la reducción de horas laborales contribuiría efectivamente al desarrollo económico y social del país, o si podría representar un obstáculo para su sistema productivo.
Por su parte el senador José Oviedo, señala que la intención de mejorar la productividad y ofrecer más tiempo libre a los trabajadores.
El legislador fundamenta su iniciativa en experiencias internacionales, destacando que casi el 70% de los países del mundo tienen jornadas laborales de 40 horas o menos, logrando mayores niveles de productividad. “Los países con mayores ingresos per cápita trabajan menos horas”, argumentó, señalando además que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya recomendó en 1962 implementar jornadas más cortas para promover un equilibrio entre trabajo y calidad de vida.
Oviedo también resaltó que una jornada laboral reducida beneficiaría directamente a los empleados, permitiéndoles un mejor descanso, más tiempo con sus familias e incluso mayores oportunidades de capacitación.
Aunque el debate apenas comienza, parece claro que esta discusión requiere amplitud, datos concretos y la inclusión de todos los sectores para evitar decisiones apresuradas.