Detenciones polémicas en las inmediaciones del Defensores del Chaco
El martes, la Policía Nacional realizó un operativo en las cercanías del estadio Defensores del Chaco, en el marco de un evento deportivo. Como resultado, 29 cuidacoches fueron detenidos por exigir dinero a los automovilistas. La intervención fue celebrada por ciudadanos que diariamente denuncian la extorsión en las calles, pero también generó críticas desde el ámbito de los derechos humanos.
La abogada y activista Diana Vargas denunció que las detenciones fueron arbitrarias y que, en algunos casos, se llevaron a cabo con uso excesivo de la fuerza. En sus redes sociales, relató que los agentes interceptaron a una mujer y a una adolescente que se encontraban sentadas en una esquina, sin que estuvieran cometiendo un delito en ese momento.
“Hubo gritos, forcejeos e incluso intentaron subir por la fuerza a una mujer a la patrullera”, denunció Vargas, quien intervino en el procedimiento exigiendo explicaciones. Cuestionó que la Policía no contaba con una orden judicial y que tampoco se configuraba flagrancia, condiciones esenciales para una detención legal.
Extorsión cotidiana y la ausencia del Estado
El fenómeno de los cuidacoches es una problemática de larga data en Asunción. La ciudadanía, en su mayoría, rechaza esta práctica debido a las amenazas y agresiones que suelen sufrir quienes se niegan a pagar. “Si no das la voluntad, al volver encontrás el auto rayado o con un espejo roto”, comentan con frecuencia los conductores.
Las autoridades, por su parte, insisten en que los operativos buscan liberar los espacios públicos para que cualquier ciudadano pueda estacionar sin ser coaccionado. Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia, ratificó que continuarán con los procedimientos. “Buscamos darle tranquilidad a la ciudadanía de poder venir a estacionar en un lugar que es gratuito”, aseguró.
Sin embargo, más allá de los procedimientos, la problemática sigue sin abordarse en su dimensión social. Muchos cuidacoches son personas en situación de vulnerabilidad que ven en esta actividad una única fuente de ingreso. Sin alternativas laborales y sin una regulación clara, la tensión entre la ciudadanía, los trabajadores informales y las fuerzas de seguridad se mantiene sin una solución real.
¿Prohibición, regulación o inclusión?
El debate sobre qué hacer con los cuidacoches se ha planteado en varias ocasiones, pero sin avances concretos. En 2018, la Municipalidad de Asunción intentó reglamentar la actividad mediante un registro y el cobro de un canon, pero la medida quedó en el aire. En contrapartida, algunos sectores proponen una prohibición total, mientras que otros advierten que la solución pasa por generar oportunidades laborales para las personas que dependen de esta actividad.
Mientras tanto, los operativos policiales seguirán, y con ellos, la polémica sobre los límites entre la seguridad ciudadana y la criminalización de la pobreza.