Estos eventos no solo devastan reservas naturales y afectan la vida silvestre, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas. Ante este panorama, el marco legal vigente busca sancionar a los responsables, prevenir nuevas tragedias y proteger el medio ambiente.
Un problema de gran impacto
El aumento de los incendios en zonas rurales y urbanas, combinado con condiciones climáticas propicias como altas temperaturas y vientos, generaron daños incalculables en el país.
El humo y las llamas no solo destruyen el ecosistema, sino que también afectan la calidad del aire, la salud pública y las propiedades privadas. Entre las principales causas están las quemas de basura, fogatas y otras prácticas irresponsables que, con una chispa, pueden desencadenar desastres de gran magnitud.
La Ley N.º 6779: Un recurso legal contra el fuego
Desde su promulgación en octubre de 2021, la Ley N.º 6779/21, que tipifica el hecho punible de producción de incendios, es una herramienta fundamental para enfrentar esta problemática. La normativa sanciona tanto los actos dolosos como los culposos relacionados con incendios:
• Dolo o intención: Quienes provoquen incendios violando normas de manejo del fuego enfrentan penas de hasta 5 años de prisión o multas.
• Negligencia: Incluso las acciones no intencionales que ocasionen riesgos de incendio pueden ser castigadas con hasta 2 años de prisión o multas.
• Quema de basura: La incineración en rutas, caminos, calles o cerca de cursos de agua también es sancionada con multas.
Además, la ley establece que la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio Público, investigará cada caso, con la posibilidad de contar con el apoyo técnico de los bomberos voluntarios para identificar a los responsables.
El caso Chovoreca: Una advertencia ejemplar
Uno de los incendios forestales más graves registrados recientemente ocurrió en la reserva natural Chovoreca, ubicada en Alto Paraguay. El incendio consumió una parte importante del bosque nativo, causando daños irreversibles al ecosistema.
Según el director jurídico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Víctor González, los responsables del siniestro fueron multados con 20.000 jornales diarios, equivalentes a G. 2.152.540.000 cada uno.
La investigación utilizó mapeos satelitales para identificar la fecha y el progreso del incendio, lo que permitió aplicar sanciones ejemplares. Este caso demuestra que se están tomando medidas firmes para hacer cumplir la ley y generar un precedente en la lucha contra este flagelo.
Llamado a la conciencia ciudadana
Mientras las leyes buscan sancionar a los culpables, es esencial que la ciudadanía adopte prácticas responsables para prevenir incendios. Evitar quemas de basura, fogatas y otras acciones de riesgo puede marcar la diferencia entre un entorno seguro y una catástrofe ambiental.
